Refutación del artículo de Noticias ONU

 

El comunicado de los relatores independientes de la ONU (Duhaime, Citroni y otros) acusa al Gobierno argentino de “alarmantes retrocesos” en memoria, verdad y justicia desde 2024: reducción del rol estatal en investigaciones de lesa humanidad, obstrucción a archivos de la dictadura, debilitamiento de reparaciones, desmantelamiento de instituciones de memoria y búsqueda de desaparecidos, discursos “negacionistas” y posibles indultos a condenados. Estas afirmaciones son parciales, descontextualizadas y políticamente sesgadas. He aquí los hechos que las desmienten:

1. No hay “desmantelamiento” de la justicia: los juicios siguen y Argentina sigue siendo líder mundial

- Hasta marzo de 2026 hay 1.231 condenados por crímenes de lesa humanidad (361 sentencias firmes) y 12 juicios en debate oral. Es uno de los procesos de justicia transicional más extensos del mundo. El Gobierno no ha detenido ninguna causa ni ha cerrado tribunales. Los cambios son ajustes administrativos y presupuestarios (eliminación de peritos redundantes, equipos de relevamiento duplicados y querellas estatales innecesarias), no un freno a la justicia.

2. Archivos: se desclasifican, no se obstruyen

- En marzo de 2025 y 2026 el Gobierno publicó 492 páginas de archivos desclasificados de la SIDE (1973-1983). Esto es exactamente lo contrario de “obstrucción”. Los recortes afectan burocracia superflua, no el acceso a la verdad.

3. “Memoria completa” vs. memoria partidaria

- El artículo defiende la narrativa oficial de los gobiernos kirchneristas (2003-2023), que solo recordaba a las víctimas del Estado e ignoraba sistemáticamente a las víctimas del terrorismo guerrillero (Montoneros y ERP). Estos grupos asesinaron a cientos de civiles, policías y militares entre 1970 y 1976.  

- El Gobierno actual promueve la “memoria completa” e “historia completa”, que incluye a todas las víctimas (estatales y guerrilleras). Un video institucional del 24 de marzo de 2026 lo deja claro: miles de víctimas fueron “ignoradas, marginadas y silenciadas” por la guerrilla. Esto no es negacionismo: es corrección de un relato sesgado que excluía a una parte de las víctimas.

4. Cifras y contexto histórico

- La CONADEP (1984) documentó 8.961 desaparecidos (lista abierta). Registros posteriores oficiales rondan los 7.000-8.500. La cifra simbólica de “30.000” es una construcción política de los años 70, no un dato forense. El Gobierno no niega los crímenes, sino que rechaza el uso inflado de números para justificar una narrativa unilateral.

5. Indultos y reparaciones

- No se han otorgado indultos. Los rumores existen, pero el derecho internacional prohíbe amnistías por crímenes de lesa humanidad y el Gobierno no ha avanzado en esa dirección. Los recortes en reparaciones y CONADI responden al ajuste fiscal general (heredado de una crisis de hiperinflación), no a un plan de impunidad.

Conclusión

El comunicado repite la misma línea que han usado estos relatores en seis comunicaciones previas desde 2024. Ignora deliberadamente el contexto de ajuste fiscal, la despolitización de instituciones capturadas por una visión partidaria y el legítimo derecho de un Gobierno democrático a promover una memoria que incluya todas las víctimas de la violencia de los años 70. No es un “retroceso” en derechos humanos: es el fin de un monopolio ideológico sobre la memoria. Argentina sigue investigando, juzgando y reparando; simplemente ya no lo hace bajo una única mirada sesgada.

Viniendo de las Naciones Unidas, no sorprende.