Trump y la acción justa contra el régimen de Maduro: Una defensa con hechos, Derecho Internacional y visión histórica

No puedo sino sentir una indignación profunda al escuchar las voces de aquellos que se oponen a la intervención norteamericana en Venezuela, pintando a Donald Trump como un imperialista criminal por sus políticas hacia ese país. Esas opiniones resuenan como un eco de una izquierda ciega por ideología, que defiende tiranías disfrazadas de soberanía mientras ignora el sufrimiento de un pueblo aplastado bajo un régimen corrupto y sanguinario. Venezuela no es víctima de Estados Unidos; es rehén de Nicolás Maduro y su camarilla, que han convertido una nación próspera en un páramo de miseria, represión y narcotráfico. Las acciones de Trump, lejos de violar el derecho internacional, responden a una necesidad moral y legal de confrontar un mal que amenaza no solo a los venezolanos, sino a la estabilidad regional. Examinemos, paso a paso, las ideas que circulan entre los críticos, recurriendo a fuentes creíbles y al peso de la verdad histórica, para que quede claro: no todo acto de fuerza es ilegítimo cuando se enfrenta a la barbarie.

El contexto de Venezuela: Un régimen de crímenes contra la humanidad, no una soberanía legítima

Quienes rechazan la intervención invocan la soberanía de Venezuela como un escudo intocable, pero omiten la realidad: bajo Maduro, el país no es un Estado soberano en el sentido clásico, sino una dictadura que ha pisoteado los derechos humanos de su pueblo, invalidando cualquier reclamo de inmunidad. Desde 2014, el régimen ha reprimido protestas con fuerza excesiva, resultando en miles de muertes, detenciones arbitrarias y torturas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) documentó en su informe de marzo de 2025 que el gobierno de Maduro continúa cometiendo crímenes contra la humanidad, como la persecución política (OHCHR, "Venezuela: Harsh Repression and Crimes Against Humanity Ongoing," 2025). En el período post-electoral de julio de 2024, tras elecciones fraudulentas donde Maduro se autoproclamó ganador pese a evidencia de manipulación, se registraron violaciones masivas, según Human Rights Watch (HRW, "World Report 2025: Venezuela," 2025).

Esta no es mera "injerencia interna", como argumentan algunos opositores; es un patrón sistemático que erosiona la soberanía desde adentro. Critican cualquier acción externa citando artículos de la Carta de la ONU que prohíben la intervención en asuntos internos, pero ignoran que la ONU misma ha condenado a Venezuela repetidamente. En septiembre de 2022, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU reveló que el Estado venezolano usa sus servicios de inteligencia para reprimir la disidencia, con responsabilidades directas en crímenes contra la humanidad (OHCHR, "Venezuela: New UN Report Details Responsibilities for Crimes Against Humanity," 2022). ¿Cómo puede invocarse soberanía cuando el régimen ha causado la huida de casi 8 millones de venezolanos desde 2014, creando la mayor crisis migratoria de América Latina? Esta es la verdad cruda: estos refugiados han "votado con los pies", abandonando su patria por el hambre, la violencia y la opresión, y sus derechos fundamentales —a la vida, a la dignidad— son ignorados por los mismos críticos que defienden la "soberanía" de Maduro como si fuera sagrada. Maduro no representa al pueblo, sino a un cartel narcoterrorista, como lo demostró la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. en 2020, imputándolo por conspiración para narcoterrorismo y lavado de dinero (U.S. Department of Justice, "Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism," 2020). Las acciones de Trump no atacan a un gobierno legítimo; combaten una amenaza real a la paz regional.

El Derecho Internacional: Definición y alcance más allá de la ONU

Para desmontar las acusaciones de violación al derecho internacional, conviene aclarar qué se entiende por este concepto. Según el jurista Jeremy Bentham, quien acuñó el término en 1789, el derecho internacional es "una colección de reglas que gobiernan las relaciones entre estados", un conjunto de normas consuetudinarias, tratados y principios generales que regulan las interacciones soberanas sin un legislador central. Más modernamente, el experto Malcolm N. Shaw lo define como "el cuerpo de reglas que son consideradas legalmente vinculantes por los estados en sus relaciones mutuas", enfatizando su evolución hacia la inclusión de derechos humanos y responsabilidades individuales (Shaw, "International Law," 8th ed., 2017). No es un código rígido, sino un marco dinámico que equilibra soberanía con justicia global.

Los críticos asumen que la ONU tiene el monopolio de este derecho, pero eso es una falacia. La ONU, creada en 1945, es un organismo multilateral sin herramientas efectivas para intervenir en crisis graves debido a su estructura, que incluye a países totalitarios como China y Rusia con poder de veto en el Consejo de Seguridad. Como señala la académica Anne Peters, el veto permite a miembros permanentes bloquear acciones contra aliados o ellos mismos, paralizando respuestas a violaciones masivas de derechos humanos y convirtiendo al Consejo en un "club de potencias" más que en un guardián imparcial (Peters, "The New Wars and the Crisis of Compliance with the Law of Armed Conflict by Non-State Actors," 2006). El jurista John Heieck argumenta que un veto usado para escudar agresión propia carece de autoridad legal, violando los propósitos de la Carta de la ONU (Heieck, "A Duty to Prevent Genocide: Due Diligence Obligations among the P5," 2018). Esta limitación ha llevado a intervenciones regionales o coaliciones fuera de la ONU cuando la inacción equivale a complicidad con el mal.

Las acciones de EE.UU.: Sanciones legales y justicia, no amenaza ilegal de fuerza

Los que se oponen a la intervención acusan a Trump de violar normas internacionales al amenazar con capturar a Maduro, equiparándolo a un acto imperial arbitrario. Pero los hechos desmienten esta visión. Durante su primer mandato (2017-2021), Trump impuso sanciones económicas contra el régimen, no invasiones armadas. Estas sanciones, ampliadas en 2017 y 2019, prohibieron el acceso de Venezuela a mercados financieros estadounidenses y bloquearon activos de funcionarios corruptos (Congressional Research Service, "Venezuela: Overview of U.S. Sanctions Policy," 2025). Lejos de ser ilegales, las sanciones unilaterales son permitidas bajo el derecho internacional siempre que no constituyan uso de fuerza armada; la Corte Internacional de Justicia ha reconocido que medidas económicas coercitivas no violan per se normas fundamentales si no involucran agresión militar (CIJ, "Caso Nicaragua vs. Estados Unidos," 1986, párrafo 245).

Los que hablan de una "amenaza de secuestro" aluden a la acusación de 2020 y la recompensa, pero esto no es un capricho imperial: es un proceso judicial por delitos transnacionales. Maduro fue acusado en un tribunal federal de EE.UU. por narcoterrorismo, basado en evidencia de que su régimen facilitó el tráfico de cocaína hacia Norteamérica, colaborando con las FARC (U.S. DOJ, 2020). El derecho internacional permite la extradición y captura de individuos acusados de crímenes graves, como establece la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988, Artículo 6). Recientemente, en enero de 2026, EE.UU. llevó a cabo strikes contra objetivos en Venezuela y capturó a Maduro, no como un acto arbitrario, sino como culminación de un proceso legal para desmantelar un régimen narcoterrorista (Reuters, "Trump says Venezuela's Maduro captured after strikes," 2026). Esto no erosiona el sistema internacional; lo fortalece al confrontar amenazas que la ONU ha fallado en abordar, invocando el principio de Responsabilidad de Proteger (R2P), adoptado en la Cumbre Mundial de 2005, que permite intervención cuando un Estado comete atrocidades contra su pueblo. Como afirma el experto Richard Falk, el abuso de derechos humanos amenaza la paz internacional, obligando a la comunidad a enforzar normas que trascienden soberanía absoluta (Falk, "Human Rights and State Sovereignty," 1981).

La historia de intervenciones estadounidenses: Lecciones del pasado, no justificación para la inacción

Quienes critican la intervención enumeran intervenciones pasadas de EE.UU. —como en Guatemala, Chile o Panamá— como prueba de un patrón imperial, sugiriendo que Venezuela sigue la misma lógica. No niego los errores históricos: la CIA respaldó golpes en Guatemala contra Arbenz por intereses económicos (Time, "Venezuela and the History of U.S. Intervention in Latin America," 2019) y en Chile contra Allende, llevando a Pinochet. Pero equiparar eso con Venezuela es una falacia. Aquellas eran motivadas por la Guerra Fría y anticomunismo exagerado, resultando en dictaduras represivas. En Venezuela, la intervención responde a una crisis humanitaria causada por un régimen socialista que ha destruido la economía: hiperinflación del 1.698.488% en 2018, según el FMI, y una caída del PIB del 75% desde 2013 (IMF, "World Economic Outlook," 2024).

La historia enseña que la inacción ante tiranías es peor: el silencio internacional permitió a Hitler en los 30 o a Pol Pot en Camboya. EE.UU. ha evolucionado; en Venezuela, actuó con aliados regionales como el Grupo de Lima, que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino en 2019, argumentando la ilegitimidad de Maduro (OAS, "Resolution on the Situation in Venezuela," 2019). No es imperialismo; es solidaridad contra la opresión, alineada con la Carta Democrática Interamericana (2001, Artículo 1), que obliga a defender la democracia en las Américas. Ejemplos de intervenciones post-Segunda Guerra Mundial con apoyo internacional abundan: en Haití (1994), el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó una fuerza multinacional para restaurar al presidente Aristide derrocado por el dictador Cédras (Resolución 940); en Libia (2011), la Resolución 1973 permitió una coalición OTAN para proteger civiles contra Gaddafi, llevando a su derrocamiento (Monter, "Frontiers of Heresy," 1990); en Costa de Marfil (2011), la Resolución 1975 respaldó fuerzas ONU y francesas para capturar a Gbagbo tras robar elecciones (HRW, 2011); y en Gambia (2017), la CEDEAO, con aval ONU (Resolución 2337), forzó la salida de Jammeh (Brookings Institution, 2017). Estos casos, como explica el jurista Fernando Tesón, demuestran que intervenciones humanitarias pueden override soberanía cuando hay atrocidades masivas, priorizando derechos humanos sobre no-intervención absoluta (Tesón, "Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality," 2005).

La posición argentina: Fidelidad a la libertad, no traición a la soberanía

Algunos opositores lamentan que líderes latinoamericanos, como en Argentina, avalen esta "lógica de intervención", invocando doctrinas históricas contra injerencias externas. Pero el presidente Milei no traiciona la tradición argentina; la actualiza. Doctrinas como la Drago (1902) eran contra el cobro coercitivo de deudas, no contra acciones por crímenes humanitarios (Encyclopedia of Latin American History and Culture, "Drago Doctrine," 2008). Bajo Milei, Argentina ha roto con alineamientos pro-Maduro, reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente electo en 2024 y apoyando acciones estadounidenses contra el régimen (Buenos Aires Herald, "Argentina deepened 'far-right' stance in foreign policy," 2026; Prensa Latina, "President Milei supports US military actions against Venezuela," 2025). Esto no es sumisión imperial; es defensa de valores que Argentina ha perdido bajo peronismo: libertad, democracia y rechazo a dictaduras socialistas. Como católico, veo en esto un llamado a la acción contra la injusticia, no tibieza relativista.

Conclusión

Las ideas de quienes se oponen a la intervención se desmoronan ante los hechos: las acciones de Trump contra Maduro no violan el derecho internacional, sino que lo aplican contra un régimen culpable de crímenes contra la humanidad. Invocar soberanía para proteger tiranos es hipocresía; la verdadera soberanía reside en el pueblo, no en déspotas. La historia nos recuerda que naciones se levantan cuando confrontan el mal, no cuando lo excusan.

Que Venezuela pueda, por fin, liberarse de esta opresión narco-comunista de corte cubano que ha devorado su alma y su futuro. Que encuentre el camino de la libertad ordenada, esa que trae prosperidad verdadera, trabajo digno y el regreso de sus hijos exiliados por el mundo, esos casi 8 millones que votaron con los pies huyendo del hambre y el terror, y cuyos derechos los críticos de la intervención pretenden ignorar en nombre de una soberanía pervertida. No todo está perdido si tenemos el coraje de defender lo justo. Que Dios, en su misericordia, conceda a esa nación la resurrección que anhelamos para todas las que sufren bajo el yugo de la injusticia.

por Alfonso M Beccar Varela y Grok.