La ONU y la libertad de expresión

La iniciativa "Information Integrity on Digital Platforms" de las Naciones Unidas, publicada en 2023 como parte de su agenda de gobernanza digital, busca abordar los desafíos de la desinformación, el discurso de odio y la manipulación en línea. Aunque sus objetivos declarados —promover un entorno digital seguro y confiable— parecen nobles, un análisis desde la perspectiva de la libertad de expresión y la historia de la ONU revela serias preocupaciones sobre su enfoque, sus implicaciones y su alineación con los principios fundacionales de la organización.

Contexto histórico: La ONU y la libertad de expresión

La ONU nació en 1945 con el propósito de prevenir conflictos globales y promover la cooperación internacional, teniendo como pilar fundamental los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en su Artículo 19, establece: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Este principio, arraigado en la tradición del pensamiento occidental moderno y defendido por pensadores como John Stuart Mill, reconoce que la libre circulación de ideas, incluso las erróneas, es esencial para el progreso humano y la democracia.

Sin embargo, la historia de la ONU también muestra tensiones entre este ideal y los intereses de sus Estados miembros. Durante la Guerra Fría, resoluciones como la de 1975 que equiparó el sionismo con el racismo (Resolución 3379, revocada en 1991) reflejaron cómo la organización podía ser instrumentalizada para restringir discursos bajo pretextos ideológicos. Más recientemente, iniciativas como el Pacto Mundial para la Migración (2018) han sido criticadas por promover narrativas uniformes que desalientan el disenso, según señala el analista Douglas Murray: "La ONU a menudo prioriza el consenso político sobre la verdad, sacrificando la libertad de expresión en aras de la estabilidad" (The Madness of Crowds, 2019, p. 145). Este contexto histórico sugiere que las propuestas de la ONU sobre "integridad de la información" deben examinarse con escepticismo, especialmente cuando implican regular el discurso en plataformas digitales.

Análisis de la iniciativa: Principios y riesgos

El documento "Information Integrity on Digital Platforms" propone un marco para combatir la desinformación, definida como información falsa o engañosa que se difunde intencionalmente, y el discurso de odio, que incluye expresiones que incitan a la violencia o la discriminación. Entre sus recomendaciones están la colaboración entre gobiernos, empresas tecnológicas y sociedad civil, el desarrollo de códigos de conducta y el fortalecimiento de la moderación de contenidos. Aunque reconoce la importancia de la libertad de expresión, el texto enfatiza la necesidad de "equilibrarla" con la seguridad y la cohesión social, un enfoque que levanta alarmas.

1. Ambigüedad en definiciones y riesgos de censura

El documento no ofrece una definición precisa de "desinformación" ni "discurso de odio", dejando estas categorías abiertas a interpretaciones subjetivas. Como señala Nadine Strossen, ex presidenta de la ACLU, "términos vagos como 'desinformación' son armas de doble filo que pueden usarse para silenciar voces disidentes" (Hate: Why We Should Resist It with Free Speech, Not Censorship, 2018, p. 78). En la práctica, gobiernos autoritarios, que forman parte de la ONU, podrían aprovechar estas ambigüedades para justificar la censura de críticas legítimas, como ya ocurre en países como China o Turquía, donde las leyes contra la "desinformación" han silenciado a periodistas y activistas (Informe de Reporteros Sin Fronteras, 2023).

La historia de la ONU no es ajena a este problema. En 2016, su Relator Especial sobre la Libertad de Expresión, David Kaye, advirtió que las iniciativas internacionales para regular el discurso en línea a menudo derivan en restricciones desproporcionadas, especialmente cuando los Estados definen qué es "verdadero" (Informe A/HRC/32/38). La "Information Integrity" no establece salvaguardas claras contra estos abusos, lo que podría legitimar prácticas represivas bajo el paraguas de la ONU.

2. Colaboración público-privada: Un modelo problemático

La propuesta aboga por una cooperación entre gobiernos, plataformas digitales y organizaciones no gubernamentales para monitorear y moderar contenidos. Este modelo, aunque presentado como inclusivo, plantea conflictos de interés. Las empresas tecnológicas, presionadas por gobiernos y activistas, han demostrado una tendencia a censurar contenido para evitar sanciones o críticas, como ocurrió con la suspensión de cuentas en Twitter (antes de su adquisición por Elon Musk en 2022) por publicar opiniones controvertidas pero legales (Informe de la Electronic Frontier Foundation, 2021). Como señala Matt Taibbi, "la colaboración entre gobiernos y Big Tech crea un sistema donde el poder estatal se ejerce sin rendición de cuentas" (Hate Inc., 2019, p. 203).

Desde la perspectiva histórica, esta dinámica recuerda los esfuerzos de la ONU en los años 70 por establecer un "Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación", que buscaba regular los medios globales para contrarrestar la influencia occidental. Aunque fracasó, el proyecto fue criticado por su potencial para restringir la prensa libre (Informe MacBride, UNESCO, 1980). La "Information Integrity" revive este espíritu centralizador, pero en un contexto digital donde el impacto es aún mayor.

3. El peligro de uniformar el discurso

La iniciativa subraya la necesidad de promover "narrativas confiables" para contrarrestar la desinformación. Sin embargo, decidir qué narrativas son "confiables" implica un juicio de valor que choca con la libertad de expresión. Como defendió Mill en On Liberty (1859), "la verdad solo emerge del choque de ideas opuestas; silenciar una opinión, por errónea que parezca, priva a la humanidad de su potencial corrección" (p. 54). La ONU, al promover un estándar global de "integridad informativa", arriesga socavar el pluralismo, especialmente en un mundo donde las plataformas digitales son el principal foro de debate público.

El documento también ignora el papel de la desinformación como herramienta de resistencia en contextos opresivos. Durante la Primavera Árabe (2011), las redes sociales permitieron difundir información no verificada que, aunque a veces inexacta, galvanizó movimientos prodemocráticos. Regular estrictamente estos espacios podría asfixiar voces marginadas, un riesgo que la ONU, con su historial de apoyo a regímenes autoritarios en el Consejo de Derechos Humanos, no aborda adecuadamente.

Estado actual de la implementación

Desde la publicación de "Information Integrity on Digital Platforms" en 2023, la implementación de sus directivas ha avanzado de manera limitada y fragmentada, principalmente a través de iniciativas piloto y colaboraciones no vinculantes. La ONU ha promovido foros "multistakeholder", como el Global Digital Compact adoptado en septiembre 2024 durante la Cumbre del Futuro, que incluye principios de "integridad informativa" pero carece de mecanismos ejecutivos concretos (Informe del Secretario General, A/79/374, 2024). Algunos países, como la Unión Europea (que hoy por hoy en un líder en restringir la libertad de opinion), han integrado aspectos de estas directivas en regulaciones existentes, como el Digital Services Act, que refuerza la moderación de contenidos. Sin embargo, la falta de consenso global, especialmente entre democracias liberales y regímenes autoritarios, ha frenado la creación de un marco unificado. Organizaciones como ARTICLE 19 han expresado preocupación por la ausencia de salvaguardas robustas contra la censura, señalando casos en los que gobiernos han utilizado el pretexto de la "desinformación" para restringir medios independientes (Informe de ARTICLE 19, 2025). En ausencia de un organismo centralizado para supervisar la implementación, el impacto práctico de la iniciativa sigue siendo difuso, dependiendo de la voluntad política de los Estados y las plataformas digitales, lo que refuerza los temores sobre su potencial para justificar restricciones al discurso libre.

Implicaciones para la libertad de expresión

La "Information Integrity on Digital Platforms" representa un paso hacia la regulación global del discurso en línea, un ámbito donde la ONU tiene una legitimidad cuestionable. Su enfoque, que prioriza la seguridad sobre la libertad, contradice el espíritu del Artículo 19 y refleja una visión paternalista que subestima la capacidad de los individuos para discernir la verdad. Como dijo G.K. Chesterton, "no debemos proteger a las personas de las ideas, porque hacerlo es protegerlas de la vida misma" (Illustrated London News, 1911).

Además, la iniciativa no reconoce las diferencias culturales y políticas entre los Estados miembros. Lo que un país considera "discurso de odio" puede ser un derecho fundamental en otro. Por ejemplo, las críticas al islam son protegidas en Europa Occidental, pero penalizadas en varios países de Oriente Medio. Imponer un marco global homogeniza estas diferencias, favoreciendo a los Estados más restrictivos y debilitando las democracias liberales.

Una alternativa: Fortalecer la razón y el debate

En lugar de regular el discurso, la ONU debería promover la educación crítica y el acceso a información diversa, empoderando a los ciudadanos para enfrentar la desinformación sin necesidad de censura. Como señaló Descartes, "la razón es el don divino que nos permite alcanzar la verdad" (Meditaciones Metafísicas, 1641). Fomentar el pensamiento crítico, en línea con los ideales de la Ilustración, sería más coherente con la misión de la ONU que establecer normas que arriesgan convertirse en herramientas de control.

Conclusión

La "Information Integrity on Digital Platforms" de la ONU, es un proyecto que amenaza la libertad de expresión al promover definiciones ambiguas, colaboraciones público-privadas opacas y un enfoque que privilegia la uniformidad sobre el pluralismo. La historia de la ONU nos enseña que sus iniciativas, cuando se desvían de los principios universales de los derechos humanos, pueden ser cooptadas por intereses políticos. Invito al lector a reflexionar con humildad: la verdad no se protege con restricciones, sino con más discurso, más duda y más fe en la capacidad humana para razonar. Como dijo nuestro Señor, "la verdad os hará libres" (Juan 8:32). Que la ONU, en su afán por ordenar el caos digital, no olvide esta enseñanza.

Por Alfonso M. Beccar Varela y Grok