Dos pesos y dos medidas: La justicia parcial de Argentina

He estado revisando los capítulos más sombríos de nuestra historia reciente, esos años 70 que aún resuenan como un eco amargo en la memoria colectiva de Argentina. Por un lado, los Montoneros y el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), grupos guerrilleros que, bajo el estandarte de la revolución, sembraron el terror con asesinatos, secuestros y atentados. Por el otro, los militares de la dictadura, responsables de una represión sistemática que dejó miles de desaparecidos y una sociedad marcada por el miedo. Ambos bandos infligieron heridas profundas, ambos dejaron un reguero de víctimas. Sin embargo, al examinar el trato judicial que recibieron en la democracia, surge una pregunta ineludible: ¿por qué la justicia argentina parece sostener una balanza desequilibrada, implacable con unos y permisiva con otros, mientras las víctimas de la guerrilla claman en el silencio?

No pretendo ofrecer un recuento exhaustivo de fechas o episodios —los hechos están disponibles para quien desee consultarlos—. Mi propósito es señalar una contradicción flagrante: la disparidad en la aplicación del derecho, agravada por la influencia de una corriente ideológica que ha moldeado la memoria histórica: la izquierda católica. Desde el retorno de la democracia en 1983, y con renovado vigor tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2003, los militares han sido sometidos a un proceso sostenido de juzgamiento. Figuras como Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone han recibido condenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad: desapariciones forzadas, torturas, apropiación de menores. Este esfuerzo, en su esencia, es un logro que pocos podrían cuestionar con honestidad. Pero cuando dirigimos la mirada hacia los Montoneros y el ERP, el panorama se torna opaco. ¿Dónde están los tribunales que investiguen el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, ejecutado por Montoneros en 1970? ¿El atentado del ERP contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976, que dejó 23 muertos y decenas de heridos? ¿Los secuestros de empresarios como los hermanos Born, extorsionados por millones? En su lugar, hallamos indultos, prescripciones y un relato que, con inquietante frecuencia, los exime de rendir cuentas.

La sombra de la izquierda católica

Los años 70 no pueden entenderse sin considerar el papel de la izquierda católica, un movimiento que, inspirado por la Teología de la Liberación y el Concilio Vaticano II, fusionó el cristianismo con ideales revolucionarios. Sacerdotes como Carlos Mugica, vinculados a Montoneros, y sectores de la Iglesia que simpatizaban con la lucha armada, dotaron a estos grupos de una legitimidad moral que aún resuena. Esta corriente no solo justificó la violencia guerrillera como una respuesta a la injusticia social, sino que, tras la dictadura, contribuyó a construir una narrativa que los presentó como mártires de una causa noble. Esta influencia ha permeado la cultura y la política argentina, desde los organismos de derechos humanos hasta los gobiernos kirchneristas, sesgando la memoria histórica y, con ella, la justicia.

Las víctimas olvidadas de Montoneros y el ERP

Mientras los militares son juzgados por su maquinaria de terror, las víctimas de la guerrilla parecen condenadas al olvido. Pensemos en José Ignacio Rucci, líder sindical asesinado por Montoneros en 1973, un crimen que marcó un punto de inflexión en el peronismo. O en el capitán Héctor Cáceres, abatido por el ERP en un ataque a un regimiento en 1975, dejando a su familia destrozada. ¿Y los civiles como María Cristina Viola, hija de un militar, asesinada a los 15 años por Montoneros en un atentado contra su padre? Estas no son meras estadísticas: son nombres, vidas truncadas, familias que aún esperan justicia. Los Montoneros y el ERP no solo atacaron a uniformados; también segaron la vida de empresarios, policías y ciudadanos comunes atrapados en su guerra ideológica. Sin embargo, estas víctimas rara vez encuentran eco en los tribunales o en el relato oficial, eclipsadas por una memoria que prioriza a los desaparecidos de la dictadura.

Una justicia de narrativa selectiva

La historia argentina se asemeja a un guion con roles predefinidos. Los militares encarnan a los villanos absolutos, responsables de una represión que no admite excusas. Los Montoneros y el ERP, en cambio, son retratados como idealistas perseguidos, redimidos por su lucha contra un sistema opresivo. Esta simplificación, alimentada por la izquierda católica y sus herederos ideológicos, oculta una verdad esencial: ambos fueron perpetradores, ambos dejaron víctimas. Se argumenta que los crímenes del Estado, por su carácter sistemático, exigen una prioridad distinta. Pero la justicia no debería ser un juego de escalas: cada acto de violencia merece ser juzgado por su propia gravedad, sin importar su autor. ¿Por qué las familias de Rucci, Cáceres o Viola no tienen el mismo derecho a la reparación que las de los desaparecidos?

La complicidad de una memoria parcial

Lo que resulta profundamente perturbador es la pasividad con la que hemos aceptado este doble estándar. Desde los años 80, una corriente cultural, fortalecida por la izquierda católica y consolidada durante los gobiernos kirchneristas, ha impuesto un relato unidireccional. Los militares son los "genocidas"; los guerrilleros, los "jóvenes idealistas". Cuestionar esta narrativa es arriesgarse a ser acusado de justificar lo injustificable, cuando en realidad se reclama coherencia. No se defiende aquí a los represores —sus actos son indefendibles—, sino que se denuncia una justicia que opera con favoritismos evidentes. Los indultos de Carlos Menem en 1989 y 1990 abarcaron a ambos bandos, pero la reapertura de causas se centró exclusivamente en la dictadura, dejando en la penumbra los delitos de Montoneros y el ERP. Mientras tanto, excombatientes de los 70 ocupan espacios públicos y son celebrados, sin que se les exija responder por el sufrimiento que infligieron.

Un imperativo de rectificación

Argentina, ¿hasta cuándo toleraremos esta justicia parcial, que ignora a las víctimas de la guerrilla? ¿No advertimos que, al cerrar los ojos ante una parte de la verdad, perpetuamos una fractura que nos debilita como nación? No se trata de reabrir heridas ni de tomar partido, sino de construir un país que honre a todas sus víctimas por igual: las de la dictadura y las de Montoneros y el ERP. La democracia que recuperamos en 1983 fue una conquista admirable, pero se ha visto empañada por una justicia que prefiere relatos convenientes a verdades integrales, influida por una izquierda católica que santificó a unos y demonizó a otros.

Es hora de rectificar el rumbo. No basta con evocar el pasado; debemos asumirlo en toda su complejidad, con sus luces y sombras. Solo así podremos rescatar esa Argentina que alguna vez fue ejemplo de grandeza, una nación que no se doblegaba ante verdades a medias ni memorias selectivas. La tarea nos pertenece. Que la búsqueda de una justicia plena, que dé voz a las víctimas silenciadas de la guerrilla, sea el faro que ilumine nuestro camino hacia una reconciliación verdadera.

(Escrito e ilustrado por Grok bajo la dirección de Alfonso Beccar Varela).